Cuando la Virgen del pilar no se nos aparece

Esta semana pasada, día de la Hispanidad, de las FAS y Patrona del Cuerpo, puede ser un buen momento para repasar luctuosos acontecimientos recientes.

Nos estamos refiriendo a los atentados del verano. Pasado un lapso de tiempo más que prudencial, pasados esos primeros instantes de frustración e impotencia ante los atentados de finales de julio, lo primero es manifestar nuestras condolencias y solidaridad con los compañeros asesinados en Mallorca y sus familiares, también nuestra solidaridad con las víctimas del cuartel de Burgos.

Pero, como no somos políticos, lo mejor que podemos hacer es analizar donde está el agujero de seguridad que los ha facilitado, porque como miembros de la Comisión de Oficiales de AUGC somos oficiales que han de intentar minimizar las bajas entre compañeros.

Aunque parecen dos atentados completamente diferentes, en realidad son las dos caras de la misma moneda, la ventana de oportunidad que se les ofrece a los terroristas es fruto del mantenimiento de la antigualla decimonónica que constituye la existencia de las casas-cuartel.

A nadie se le puede escapar que casas-cuarteles son objetivos preferidos a comisarías de cualquier tipo, la razón de esa preferencia es evidente: son más vulnerables.

Antinomia donde las haya, casa y cuartel no son conceptos que debieran ir unidos.

Cierto es que en el momento de la aparición del Cuerpo, en una España agraria y rural era preciso llenar el país de un sinfín de este tipo de cuarteles para que la presencia del primer cuerpo policial nacional (ahora cuasi federal) fuera lo mayor posible (no hay que olvidar que la institución que más contribuyó a la vertebración de un estado moderno fue la Guardia Civil).

La pregunta es por qué la modernización del país no ha ido acompañada de una evolución consecuente de las comisarías de la Guardia Civil.

Las respuestas a esa ineficaz falta de adaptación son múltiples, pero podríamos resumirlas así: la Guardia Civil es la última institución que ha salido del antiguo régimen. En efecto, hasta hace menos de 5 años los agentes debían establecer obligatoriamente (en contra del artículo 19 de la Constitución) su residencia en el término municipal donde estaba su destino. Esto conllevaba una restricción a la hora de poder buscar una vivienda digna y asequible-De ahí que la existencia de los pabellones fuera casi obligada.

Aún hoy existen límites espaciales a la hora de fijar esa residencia, como si en cualquier momento se fuera a producir un estado de excepción que obligara a una rápida movilización de todo el personal de la unidad. En definitiva, herencias del pasado conjugadas con el intento de conservar supuestas esencias tradicionalistas acaban deviniendo en ineficacia, sobre todo cuando las carencias de recursos materiales y humanos son palmarias.

¿Cómo se podría salvar la brecha de seguridad que han propiciado los 2 últimos atentados? Eliminando la antinomia a que nos hemos referido, los cuarteles no han de seguir conviviendo con los domicilios.

Es más, aprovechando una situación de crisis económica galopante, se podrían emprender unas reformas que condujeran a cotas de seguridad más altas, al tiempo que a mejoras socio-laborales para el personal del Cuerpo.

Mirémonos en el espejo del XIX y retomemos medidas similares: el gran activo inmobiliario que tiene el Cuerpo debería ser desamortizado, vendido a precio de mercado, el capital obtenido debería revertir, por un lado en construir modernas instalaciones policiales (sin viviendas, por lo que serían más baratas que las casas-cuarteles), y por otro en paliar durante un período transitorio la pérdida de ese domicilio profesional por sus usufructuarios.

Las razones para eliminar las viviendas de los cuarteles son múltiples:

• De ineficacia. Detrae un volumen de personal para su seguridad muy superior al que se requiere para una comisaría. Han de convivir personal civil, vehículos civiles y necesidades civiles con otras que son sólo profesionales. Convivencia que genera desajustes, tensiones, discriminaciones y sobre todo ineficacia.


• Económicas y fiscales. El volumen de gasto de mantenimiento de las viviendas es inmenso y en gran medida revierte negativamente a las arcas del estado. Por otro lado, a pesar de que el hecho de vivir en un pabellón podría considerarse un ingreso en especie, nunca se ha regulado el componente impositivo correspondiente, lo que aumenta el gasto para el estado por tener activos deficitarios.


• Morales y de discriminación. Sin entrar en estadísticas exhaustivas se puede decir, sin temor a equivocarnos, que cerca de un 80% de los mandos más altos del Cuerpo (por encima de Teniente Coronel) residen en pabellón, frente a un 40% del resto del personal.


• De seguridad. Atentados como los acaecidos recientemente serían más fácilmente evitables con unas instalaciones orientadas hacia la eficacia y el servicio. La convivencia de domicilios e instalaciones militares y/o policiales sólo es posible en bases militares alejadas de cualquier núcleo poblacional y con grandes espacios vacíos que actúen de perímetro de contingencias (en el caso de Burgos evitar que metralla u onda expansiva alcancen los edificios), pero ello requiere mucho más personal que controle esos perímetros y el alejamiento del cuartel de su clientela, la ciudadanía a la que no sólo hay que servir sino estar en contacto con ella. Si eliminamos los domicilios y sólo nos quedamos con dependencias funcionales se podrían: construir cuarteles con un grado de seguridad exponencialmente más alto.


• De solidaridad corporativa. Dado que no existe remuneración en especie, los afortunados que tienen pabellón están percibiendo indirectamente un salario que podría estimarse entre un 30% y un 50% más, con lo que los que no tienen ese usufructo realizan el mismo trabajo en ocasiones por la mitad del salario que sus compañeros. Como además porcentualmente son los escalones más altos los que detentan en mayor medida este derecho,los más perjudicados por la existencia de los pabellones son los que menor salario perciben. Es más el Cuerpo Nacional de Policía está cobrando el llamado plus de capitalidad que no se aplica a la Guardia Civil bajo la falacia que los guardias civiles viven en cuarteles: para que unos ganen el 150% de lo que refleja su nómina otros han de cobrar el 80% de la nómina que les debiera corresponder.

Aún a riesgo de ser reiterativos, de verdad han de permanecer esas herencias decimonónicas, a costa de que la inseguridad, la ineficacia y las discriminaciones se perpetuen.