Rumorología. Vol. I

Ya lo decíamos: la joya de la corona, la Ley de Personal ni está ni se la espera. Seguimos esperando un borrador que no llega. Nos sorprende que el grupo parlamentario socialista trate de acelerar el desarrollo de la misma instando al gobierno a que actualicen la legislación de personal de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para adecuarlos a las nuevas leyes aprobadas, en particular a la ley de personal militar y al Estatuto del empleado público, en las que se regule el desarrollo de la carrera profesional, la formación académica universitaria en el ámbito de Bolonia, los sistemas de selección y formación, así como se continúe el desarrollo de su sistema de derechos y deberes.

Y nos sorprende porque la rémora principal para esa actualización es el mismo gobierno o, para ser más exactos, la cúpula de la Guardia Civil, en tanto en cuanto forma parte del gobierno en su vertiente no política sino administrativa.

Como siempre tratamos de hacer vamos a intentar un ejercicio didáctico. ¿Por qué sucede esta contradicción? Las malas lenguas barajan 2 rumores hipotéticos, pero verosímiles:

• Ante los nuevos movimientos que va a haber en la cúpula del Cuerpo nadie quiere mover ficha. Quien se posicione a favor de lo que ha salido del consenso con las asociaciones,... malo, porque si cambiamos el gobierno socialdemócrata por otro conservador, ese posicionamiento le habrá colocado como caballo perdedor. Pero si se posiciona en contra de ese consenso,... peor, los años que quedan de legislatura al actual gobierno pueden pasarle factura, ocasionándole que también quede como caballo perdedor.
  Solución: no mover ficha. Quien se mueve no sale en la foto. Parálisis de las reformas que precisa el Cuerpo en función de las veleidades ególatras de una parte del consejo de ancianos que forma la cúpula del Cuerpo .
  
• La 2ª hipótesis apunta a que son nuevamente las ambiciones de la ESO las que mantienen esa paralización. El planteamiento sería el siguiente: los miembros de la EO no son muy partidarios de hacer el CACES para el ascenso a Comandante. Estupendo, que no lo hagan, ascenderán a Comandantes sin curso. Ahora bien quien quiera hacer el curso ha de ser licenciado o equivalente (miembro de la ESO) y, sólo quien haga este curso, tendrá posibilidades de ascenso. Resultado tendremos escala única que en realidad serán dos.

Lo cierto es que no resultaría tan maquiavélica esta 2ª hipótesis de ser cierta. Lo maquiavélico es que no se haga con luz y taquígrafos, es decir, que no se convoque nuevamente a las asociaciones o, mejor dicho, al grupo de trabajo ad-hoc y se elabore una hoja de ruta que trate de seleccionar para los cuadros de mando superiores a los mejor preparados. En definitiva un concuro-oposición en el que todos hemos de dar nuestra opinión y que sólo puede salir de un consenso mayoritario.

Estado de derecho, Estado de torcido

Que poco desacertados estábamos cuando decíamos que la ley de Procedimiento administrativo había muerto, ¡viva el procedimiento!

Una evidencia más. Hace cerca de un año responde a unos compañeros el Director General que (hago exégesis) puede que tuvieran razón que se revisaría lo que pedían. Va para un año y siguen esperando. Pobrecillos yo les aconsejaría que solucionaran sus problemas de vista.

Pero, son de los nuestros: creen en el estado de derecho, vuelven a la carga y exponen su zozobra en forma, medio y contenido dentro de nuestra legalidad vigente. Pobrecillos, les segirán dando largas, porque a lo peor la ley de Procedimiento Administrativo no es que haya muerto, es que sólo entró en el Cuerpo para lo que interesa.

El privilegio y la casta

¡Cómo se equivocaba Fukuyama! No sólo no estamos ante el final de la historia porque lejos de haberse superado la dicotomía liberal-social, estamos ante otra mucho más antigua.

Repasemos. Si en un país del primer mundo pervive una situación en la que las leyes no son aplicables a todos por igual, en donde como en las sociedades estamentales no todos están sujetos al mismo régimen impositivo y donde, además, no existe el mismo sistema de protección social para todos, ¿donde estamos?.

Efectivamente, en la transición, en la transición del feudalismo al estado moderno.

• Hay ordenes o estamentos que no tienen que contribuir tanto fiscalmente.
  
• Hay un feudo munificente capaz de socorrer a situaciones de debilidad y, por supuesto, lo hace graciosamente y con arbitrariedad.
  
• Hay unas leyes que hay que respetar, por unos más que por otros.
  
• No hay oportunidad de contestación, o es que hay alguien que va a levantar la mano, educadamente y preguntar los plazos para solicitar esto o lo otro no son preceptivos, son facultativos, ¿verdad?


• Y por supuesto hay una clase en sí, que no ha tomado conciencia de serlo, porque si lo hubiera hecho la situación sería realmente preocupante, porque estaríamos en un auténtico estado feudal banderizo, cada cual no sólo lucha por sus propios intereses legítimos, si no por los de sus familiares, entendido en un sentido amplio, en nuestro caso los que siguen tu senda (leáse es de la misma escala)

Cualquier sociológo que analice estas premisas podría explicarnos que estamos, muy, muy sintéticamente, enumerando las características de un período que es anterior a la revolución industrial, un estadio feudal que se caracteriza porque determinados grupos (llaménse estamentos o escalas) traten de perpetuar su situación de privilegio.

Por lo que ese aforismo del que hemos abusado en ocasiones ¿debe la Guardia Civil volver a sus esencias decimonónicas?. Pero, ¿para qué?, si puede que esté en el siglo XVIII. Sólo si consideramos la premisa de que está dentro de un estado moderno que, por cierto, formó parte de lo que se ha dado en denominar feudalismo desarrollado, lo que viene a decir que realizó sus revoluciones burguesas más tardíamente, podremos seguir considerando que realmente conserva esas esencias.

El Complemento específico singular

Hace 10 días se ha reunido el consejo para entrar analizar entre otras cosas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo.

El catálogo debería de ser una relación pormenorizada en el que estuvieran plasmados todos y cada uno de los puestos de trabajo, con las titulaciones académicas o profesionales, aptitudes, conocimientos yhabilidades necesarias para ocuparlos.

En la práctica elcatálogo es una relación que asigna cada puesto con un Complemento Retributivo, el CES, Complemento Específico Singular. Irracional, ¿verdad?. No tanto, porque a esa situación se ha llegado a base de eludir una reforma laboral y profesional que en su vertiente retributiva pagara más a quien más carne pone en el asador: de conocimientos, títulos, penosidad y peligrosidad.

Como a algunos de nuestros colaboradores le gusta tanto hacer: hagamos un poco de historia. El CES está definido desde hace muchos años , complemento salarial que retribuye “la especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad”. En principio resultaba fácil de aplicar, correspondía a quien realizaba un trabajo, generalmente especializado que conlleva riesgos, preparación permanente, titulaciones previas,... La situación se embrolló cuando hace algo más de una década se reformó con motivo de un reajuste salarial.

En efecto, era preciso aumentar los sueldos de los miembros del Cuerpo, sobre todo en sus escalones más bajos. El gobierno de turno presionó para que ese aumento, necesario por la gran brecha abierta con otros Cuerpos de Policía que era preciso mermar, no se hicieran en complementos que alcanzarán al personal en reserva. Es decir no se tocó el complemento específico General, ni el de empleo que se toman en cuenta en Reserva Activa, sino que el complemento de especialidad se universalizó: todo el mundo pasó a cobrar un complemento en principio destinado a esos especialistas.

En menos de una década el complemento ha evolucionado hacia un componente retributivo que:

• Se referencia sobre todo en el empleo del perceptor, cuando no en la escala


• No se referencia a su definición: dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.


• Es un componente retributivo tan discriminador que las diferencias entre los escalones inferiores y los más altos multiplican por 10 en muchas ocasiones las diferencias que existen en otros complementos más objetivos con el que se vincula directamente al empleo.

Augc propone una serie de medidas urgentes para reformar un componente salarial altamente injusto, discriminador e irracional:

1. Toda iniciativa de modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil deberá ser comunicada previamente a los representantes del Consejo de la Guardia Civil, que tendrá al respecto las competencias que establece la Ley. Para agilizar el trabajo se propone la creación de una Mesa Asociativa del Catálogo de Puestos de Trabajo, donde se estudie en detalle el catálogo y sus necesidades de mejora, partiendo del catálogo actual, orientándolo hacia una convergencia con los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


2. Reorganizar los complementos retributivos para que productividades percibidas habitualmente “de facto” pasen al complemento específico, conforme establece el Real Decreto de retribuciones.


3. Independizar el CES del empleo, para lo que hay que redefinir funciones genéricas que realmente no hacen referencia a las funciones del puesto y que puedan ser susceptibles de ocuparse por varios niveles funcionariales.


4. Eliminación del CES por escala, caso de los facultativos superiores y técnicos, y su recatalogación con la especialidad acorde con sus funciones. El complemento específico, según el Real Decreto de retribuciones, sólo retribuye las funciones policiales, no las militares.

Y desde la Comisión de Oficiales de AUGC se aboga por una serie de medidas capaces no sólo de mejorar el concepto retributivo, sino de dinamizar las virtualidades del Catálogo de Puestos de Trabajo que lo recoge: dinamizar el Cuerpo y mejorar su productividad. Entre esas medidas tendríamos:

1. Reducir las grandes diferencias existentes entre los distintos escalones. Resulta llamativo que en términos de CES se produzcan diferencias tan grandes que lleguen a multiplicar por 10 este concepto entre los que menos y los que más cuando en otros complementos las diferencias tan sólo son de 3 o 4 veces más.
   El CES ha de estar más relacionado con la dificultad técnica, peligrosidad o dificultad. Actualmente su única explicación es relacionarlo con la responsabilidad, con lo que el CES se convierte en un complemento de destino añadido.


2. Existe un déficits de oficiales del primer escalón en algunas unidades, sobre todo en unidades especializadas pequeñas: tráfico, tedax, seprona,… La plantilla de estas pequeñas unidades sería necesaria ampliar con un oficial especialista que mejorara la productividad del servicio y sobre todo que hiciera más ágiles las relaciones con servicios concurrentes del Cuerpo o externos (servicios urgencias: médicos, ambulancias, bomberos, otros cuerpos policiales: municipales, ertzaintzas,…)


3. El catalogo de puestos de trabajo ha de cambiar sustancialmente, dejar de ser una mera relación de puestos para pasar a ser explicado y concretado con funciones, conocimientos y requisitos que precisa el que vaya a ocupar el puesto de trabajo.


4. Reorganizar los complementos retributivos para que productividades percibidas habitualmente “de facto” pasen al complemento específico, conforme establece el Real Decreto de retribuciones.


5. Hay que independizar el CES:




• Tanto del empleo, para lo que hay que redefinir funciones genéricas que realmente no hacen referencia a las funciones del puesto y que puedan ser susceptibles de ocuparse por varios niveles funcionariales.


• Como de la escala, caso de los facultativos superiores y técnicos, y su recatalogación con la especialidad acorde con sus funciones. En este caso resulta evidente la arbitrariedad total, no se tiene en cuenta ni el empleo, ni la especial dificultad técnica de cara a los CES que tienen asignados.


6. Equiparación de las cuantías económica de los CES en igualdad de funciones y responsabilidades con el C.N.P.


7. Por supuesto, los destinos de especialidad (especial dificultad técnica o responsabilidad) habrán de tener un CES superior a los generalistas.


8. Si nos encaminamos a la unificación, sería deseable que las diferencias de CES entre Alférez y Teniente desaparecieran, sobre todo cuando las funciones realizadas vienen siendo idénticas en muchos casos.


9. Un caso especialmente llamativo es el de los facultativos, que en términos relativos vienen percibiendo 2/3 de los que con el mismo empleo y con muy diferentes cualificación se hallan destinados en unidades similares.

Policía Judicial

Contábamos hace unas entradas la problemática surgida a raíz del curso de informática Militar, hoy traemos otro caso similar, el del curso de Policía Judicial.

Independientemente del presunto nepotismo en favor de una escala (la Eso) lo que acababa subyaciendo de aquel análisis era que los criterios objetivos y de maximizáción de la producción no importan en esta santa casa. Un curso de informática es preferible que lo lleven a cabo los compañeros de escala que nunca lo rentabilizará el Cuerpo antes que alguien que le pueda sacar un rendimiento inmediato por ser ese su actualcometido, en este caso destinados/destinables en los servicios más afines a la informática.

Algo parecido sucede con el curso de Policía Judicial. Existe personal en criminalística que lo solicitarán por enésima vez, sabiendo, casi de antemano, que volverán a no ser admitidos.

Esfuerzos baldíos que acaban una y otra vez en la frustración de no poder mejorar la formación que puede mejorar el trabajo que desarrollan a diario; razones, sólo una, no pertenecer a la escala adecuada, la Eso.

Hay que tener en cuenta que la pretensión de estos compañeros, de estos oficiales del Servicio de Criminalística no es ni gratuita ni caprichosa. La mayor parte de ellos han de pasar por tribunales y audiencias muchas veces al año, y, cuando no es así, en sus manos está que las investigaciones lleguen a buen puerto, porque en su quehacer diario está proporcionarle a fiscales y tribunales herramientas adecuadas para demostrar la culpabilidad de los delincuentes.

Esa sería una razón más que suficiente para que se garantizara que progresivamente los miembros de este servicio fueran realizando ese curso. Y que incluso se les hiciera a este personal un diseño a medida de el mismo.

Este año se suma además una novedad que está pensado sólo para los que puedan llegar a mandar unidades de Policía Judicial. ¿No pretendíamos una unificación de las 4 escalas?. Si ese es el destino, cualquier oficial podrá en un futuro muy, muy cercano podrá estar al frente de una de esas unidades, o ¿no?, o es que acaso todo lo negociado en la mesa de trabajo de la ley de personal ¿no se va a respetar?

Racionalidad, productividad, optimización de recursos materiales y humanos,... cualquiera de esos conceptos que son el abc de una empresa que busque maximizar beneficios se caen ante el presupuesto central que nuclea esta institución: todo ha de supeditarse a la procedencia y el privilegio de un grupo, de una escala. Adivinan cuál. Por supuesto, la superior.

AUGC presenta una queja ante el Director General

Os relatábamos en la entrada anterior el caso del curso de informática. Independientemente de las acciones que se puedan emprender individualmente AUGC-Madrid ha presentado una enérgica queja ante el Director General. Una parte de la cual os reproduciremos a continuación.

La queja se presenta porque si habéis analizado el caso es realmente injusto e independientemente que no sólo afecte a sus afiliados razones de índole moral y ética obligaban a emprender una acción que tratara, al menos, de afear esa conducta que sólo busca perpetuar una situación de privilegio de la Escala Superior de Oficiales frente a las otras 3.

Que esta Delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de acuerdo con la Comisión de Oficiales de AUGC, considera que se ha podido producir una situación arbitraria en la gestión de su Dirección General en el ámbito de la Guardia Civil, relacionada con Enseñanza y la formación de los oficiales del Cuerpo, que merece su conocimiento, a los efectos que considere a fin de poder depurar las responsabilidades y la organización del trabajo de las Jefaturas bajo su dirección.

Por medio del presente escrito y de conformidad con el art. 13 y art. 33 de la Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre se presenta la siguiente

QUEJA sirviendo de base al presente escrito las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Que en el Boletín Oficial de Defensa nº 155 de 11.08.2009 se publicó la Resolución 551/12782/09 por la que se convocaba el XXXV Curso para la Obtención del Diploma de Informática Militar para Personal de Varios Ejércitos y Guardia Civil, resolución firmada por El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina (ET). Sirva adjunto documento ANEXO 1 que lo prueba.

SEGUNDA.- Que en los puntos 5.1.4 y 5.2.4 de esta convocatoria se convocaban respectivamente: cuatro plazas (4) para Oficiales de la Guardia Civil (ES) para la fase a distancia y tres (3) para Oficiales de la Guardia Civil para la fase de presente.

TERCERA.- Conforme se hace constar desde el Centro de Enseñanza del Ejército encargado del curso de informática militar, son admitidos cuatro oficiales: uno de la Escala Superior de Oficiales, uno de la Escala de Oficiales y dos de la Escala Facultativa Técnica. De esto se tiene constancia por la recepción de sendas comunicaciones por correo electrónico desde la Academia de Ingenieros, donde se reciben instrucciones del Comandante tutor al que habían sido asignados para este curso. Sirva como prueba documental los ANEXOS 4, 5 y 6.

CUARTO.- Modificando una resolución publicada por otra autoridad y fuera de plazo, el General de Enseñanza manda un correo electrónico (GroupWise) a todas las unidades del Cuerpo para volver a abrir el plazo de admisión del curso, alegando que así la podrían pedir todas las escalas de oficiales, cuando ya se tenía constancia de que habían sido asignadas plazas dentro del plazo establecido. Sirva como prueba documental ANEXO 3.

QUINTO.- Se pone en conocimiento, ya que podría, presuntamente y sin ánimo de afirmar, constituir una decisión torticera y arbitraria que busca realizar otra selección, posiblemente para evitar una pluralidad de escalas en este curso y favorecer a miembros de la escala superior de oficiales.

SEXTO.- Posteriormente se comunica la exclusión del curso cuya fase a distancia habían iniciados los oficiales previamente seleccionados, dos de ellos afiliados de AUGC, que son expulsados de la fase a distancia del curso, un mes y medio después de haber sido convocado el curso. Sirva como prueba documental la comunicación de la Academia de Ingenieros del Ejército en el ANEXO 7.

FUNDAMENTOS DE
DERECHO

2. Que en el proceso selectivo se ha prescindido por completo del respeto a la jerarquía normativa que establece el artículo 9.3 de la Constitución Española.





3. Que de la misma forma no han sido respetado los principios de seguridad jurídica que estable la Ley 30/1992, en tanto que los plazos estipulados en la Resolución 551/12782/09 se han cambiado arbitrariamente por razones ifícilmente justificables, como en el desplazamiento de los oficiales eleccionados que habían solicitado en plazo, en lo que podría considerarse un proceso de selección arbitrario o realizado con venalidad.
   



4. Que dado que la diferencia más palpable de los oficiales que han sido desplazados de la posible realización del curso, respecto a los que han sido admitidos, es el de su adscripción asociativa se ha vulnerado la Ley Orgánica 11/2007 en sus artículos 3 sobre Igualdad, por ende el artículo 14 de la Constitución, así como el artículo 9 sobre el Derecho de Asociación, en tanto que todo apunta a que la Jefatura de Enseñanza del Cuerpo está castigando
   
   a los oficiales a la no realización del curso en virtud de su pertenencia a una asociación profesional legal.
   

En virtud de lo expuesto,

SOLICITA de su Autoridad

Que tenga por presentada la presente escrito de QUEJA, y en consecuencia y en base a lo alegado en la misma se acuerde:

1.- Que esta situación sea subsanada de forma adecuada e inmediata, restituyendo a los aspirantes expulsados.

2.- Se investiguen para depurar las posibles responsabilidades en las que se haya podido incurrir y las motivaciones reales por lo que ciertos Generales a sus órdenes toman decisiones contrarias a la normalidad profesional y ajenas a criterios objetivos en la enseñanza, la selección y la formación en lo referente a los oficiales del cuerpo de distinta escala a la suya propia.

3.- Poniendo de relieve que pudiera darse una gran cantidad de quejas y recursos sobre discriminación en la enseñanza en la Guardia Civil durante varios años, se corrija las desviaciones en la dirección de la Enseñanza que provocan situaciones como esta y se establezcan políticas efectivas de formación de acuerdo a los criterios de igualdad y promoción profesional.

4.- Se comunique a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, representativa de los intereses legítimos de los miembros del Cuerpo, las medidas adoptadas en lo referente a esta queja, para lo que nos ponemos a su disposición.

La Ley de Procedimiento Administrativo ha muerto: ¡viva el procedimiento!

Os decía hace unas entradas que de informática teníamos que hablar. Quiero resumirlo en forma de bitacora, como blog de pro que pone de manifiesto que la realidad puede llegar a ser más inverosímil que la ficción:

• Finales de agosto: sale un curso de informática militar con 4 plazas para oficiales del Cuerpo. Lo solicitan 1 oficial de la ESO, 1 de la EO y 2 EFT de informática. Cuatro plazas, cuatro aspirantes: lo comido por lo servido.


• Más al final de agosto: ¡hasta ahí podíamos llegar!, parece que clamaron voces desde algún recóndito despacho de veteranos oficiales superiores. ¡No se puede permitir!, sería como abrir la puerta a la chusma (licencia poética que traduce un pensamiento íntimo) lo que por derecho (¿divino?) está reservado a la ESO.


• Principios de septiembre. Dicho y hecho: no se permitió. Una resolución (la del curso) del Ministerio de Defensa se soslaya y modifica a golpe de e-mail corporativo.
  


• Finales de septiembre. Problema resuelto:
• Graciosamente, se amplia el plazo de admisión de solicitudes (se había cerrado 25 días ha)


• Se permite mandar la instancia telemáticamente (la identidad no es preciso acreditar: que somos de fiar,... unos más que otros)


• Se toca a rebato y se llama telefónicamente a posibles candidatos.


• Condiciones requeridas: ser de la escala superior.


• Pretexto: abrirlo a todas las escalas que debido a ambigüedades en la convocatoria pudieran no haber solicitado. Curiosamente los miembros de la escala superior nunca estuvieron bajo esa posible incertidumbre.


• Resultado. Tres miembros, tres, de la escala superior son llamados a hacer el curso, en detrimento de los 3 oficiales miembros de escalas distintas a la superior que se les echa del curso que habían iniciado, con cajas destempladas, ni siquiera se considera oportuno notificarlo.


• Los removidos del curso trabajan en campos afines al curso solicitado. Los ingresados ni lo hacen, ni probablemente lo harán, pero pueden estar en un momento profesional difícil, a punto de pasar unos meses sin destino y ver reducidos sus ingresos salariales, por lo que algo habrá que hacer para paliarlo, o ¿no?. Y la productividad es preocupante en el Cuerpo sólo a finales de mes.
  

Por el camino se podría haber quedado el artículo 14 de la CE, aunque si tenemos en cuenta que en su redacción pone que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza,..., pero, no pone sin distinción de escala ¿verdad?, pues eso,... iguales ante la ley..., pero unos más iguales que otros.

Esas leyes son un poco antiguas, carcas que dirían los modernillos, pero es que también se podrán haber quedado por el camino varios artículos de la L.O. 11/2007, como el artículo 26 "Los miembros de la Guardia Civil tendrán el derecho y, en su caso, el deber de participar en los cursos y en las actividades formativas destinadas a mejorar su capacidad profesional y facilitar su promoción de acuerdo con los criterios objetivos de selección que se establezcan para el acceso a dichas actividades. Estos criterios deberán respetar los principios que regulan la carrera profesional. Entre los que pudiera estar el siguiente: "habrá cursos reservados en función de la escala, mejor dicho del tipo de escala, en el caso que nos ocupa: no todos los oficiales son iguales".

Pero lo que sin duda es más importante es que definitivamente la 30/92 pudiera haber dejado de tener cabida en el Cuerpo. Las resoluciones se pueden perfeccionar a golpe de e-mail, los plazos sólo serán orientativos (ya lo indicará la autoridad competentes, como hace unas décadas),. Competencia, notificación,... conceptuos superfluos felizmente superados,... en breve pudiera una autoridad militar, por supuesto, indicar cual son las normas que son válidas y cuáles no .

No puede ser de otra forma, porque ya hay un importante volumen de personal que cuando ve un plazo en una resolución se pregunta si es facultativo o preceptivo. Esa incertidumbre ha motivado una enérgica acción legal por parte de AUGC-MADRID.

Cuando la Virgen del pilar no se nos aparece

Esta semana pasada, día de la Hispanidad, de las FAS y Patrona del Cuerpo, puede ser un buen momento para repasar luctuosos acontecimientos recientes.

Nos estamos refiriendo a los atentados del verano. Pasado un lapso de tiempo más que prudencial, pasados esos primeros instantes de frustración e impotencia ante los atentados de finales de julio, lo primero es manifestar nuestras condolencias y solidaridad con los compañeros asesinados en Mallorca y sus familiares, también nuestra solidaridad con las víctimas del cuartel de Burgos.

Pero, como no somos políticos, lo mejor que podemos hacer es analizar donde está el agujero de seguridad que los ha facilitado, porque como miembros de la Comisión de Oficiales de AUGC somos oficiales que han de intentar minimizar las bajas entre compañeros.

Aunque parecen dos atentados completamente diferentes, en realidad son las dos caras de la misma moneda, la ventana de oportunidad que se les ofrece a los terroristas es fruto del mantenimiento de la antigualla decimonónica que constituye la existencia de las casas-cuartel.

A nadie se le puede escapar que casas-cuarteles son objetivos preferidos a comisarías de cualquier tipo, la razón de esa preferencia es evidente: son más vulnerables.

Antinomia donde las haya, casa y cuartel no son conceptos que debieran ir unidos.

Cierto es que en el momento de la aparición del Cuerpo, en una España agraria y rural era preciso llenar el país de un sinfín de este tipo de cuarteles para que la presencia del primer cuerpo policial nacional (ahora cuasi federal) fuera lo mayor posible (no hay que olvidar que la institución que más contribuyó a la vertebración de un estado moderno fue la Guardia Civil).

La pregunta es por qué la modernización del país no ha ido acompañada de una evolución consecuente de las comisarías de la Guardia Civil.

Las respuestas a esa ineficaz falta de adaptación son múltiples, pero podríamos resumirlas así: la Guardia Civil es la última institución que ha salido del antiguo régimen. En efecto, hasta hace menos de 5 años los agentes debían establecer obligatoriamente (en contra del artículo 19 de la Constitución) su residencia en el término municipal donde estaba su destino. Esto conllevaba una restricción a la hora de poder buscar una vivienda digna y asequible-De ahí que la existencia de los pabellones fuera casi obligada.

Aún hoy existen límites espaciales a la hora de fijar esa residencia, como si en cualquier momento se fuera a producir un estado de excepción que obligara a una rápida movilización de todo el personal de la unidad. En definitiva, herencias del pasado conjugadas con el intento de conservar supuestas esencias tradicionalistas acaban deviniendo en ineficacia, sobre todo cuando las carencias de recursos materiales y humanos son palmarias.

¿Cómo se podría salvar la brecha de seguridad que han propiciado los 2 últimos atentados? Eliminando la antinomia a que nos hemos referido, los cuarteles no han de seguir conviviendo con los domicilios.

Es más, aprovechando una situación de crisis económica galopante, se podrían emprender unas reformas que condujeran a cotas de seguridad más altas, al tiempo que a mejoras socio-laborales para el personal del Cuerpo.

Mirémonos en el espejo del XIX y retomemos medidas similares: el gran activo inmobiliario que tiene el Cuerpo debería ser desamortizado, vendido a precio de mercado, el capital obtenido debería revertir, por un lado en construir modernas instalaciones policiales (sin viviendas, por lo que serían más baratas que las casas-cuarteles), y por otro en paliar durante un período transitorio la pérdida de ese domicilio profesional por sus usufructuarios.

Las razones para eliminar las viviendas de los cuarteles son múltiples:

• De ineficacia. Detrae un volumen de personal para su seguridad muy superior al que se requiere para una comisaría. Han de convivir personal civil, vehículos civiles y necesidades civiles con otras que son sólo profesionales. Convivencia que genera desajustes, tensiones, discriminaciones y sobre todo ineficacia.


• Económicas y fiscales. El volumen de gasto de mantenimiento de las viviendas es inmenso y en gran medida revierte negativamente a las arcas del estado. Por otro lado, a pesar de que el hecho de vivir en un pabellón podría considerarse un ingreso en especie, nunca se ha regulado el componente impositivo correspondiente, lo que aumenta el gasto para el estado por tener activos deficitarios.


• Morales y de discriminación. Sin entrar en estadísticas exhaustivas se puede decir, sin temor a equivocarnos, que cerca de un 80% de los mandos más altos del Cuerpo (por encima de Teniente Coronel) residen en pabellón, frente a un 40% del resto del personal.


• De seguridad. Atentados como los acaecidos recientemente serían más fácilmente evitables con unas instalaciones orientadas hacia la eficacia y el servicio. La convivencia de domicilios e instalaciones militares y/o policiales sólo es posible en bases militares alejadas de cualquier núcleo poblacional y con grandes espacios vacíos que actúen de perímetro de contingencias (en el caso de Burgos evitar que metralla u onda expansiva alcancen los edificios), pero ello requiere mucho más personal que controle esos perímetros y el alejamiento del cuartel de su clientela, la ciudadanía a la que no sólo hay que servir sino estar en contacto con ella. Si eliminamos los domicilios y sólo nos quedamos con dependencias funcionales se podrían: construir cuarteles con un grado de seguridad exponencialmente más alto.


• De solidaridad corporativa. Dado que no existe remuneración en especie, los afortunados que tienen pabellón están percibiendo indirectamente un salario que podría estimarse entre un 30% y un 50% más, con lo que los que no tienen ese usufructo realizan el mismo trabajo en ocasiones por la mitad del salario que sus compañeros. Como además porcentualmente son los escalones más altos los que detentan en mayor medida este derecho,los más perjudicados por la existencia de los pabellones son los que menor salario perciben. Es más el Cuerpo Nacional de Policía está cobrando el llamado plus de capitalidad que no se aplica a la Guardia Civil bajo la falacia que los guardias civiles viven en cuarteles: para que unos ganen el 150% de lo que refleja su nómina otros han de cobrar el 80% de la nómina que les debiera corresponder.

Aún a riesgo de ser reiterativos, de verdad han de permanecer esas herencias decimonónicas, a costa de que la inseguridad, la ineficacia y las discriminaciones se perpetuen.

Otoño calentito

Hemos dado tiempo al tiempo, más allá, incluso de lo razonable. Pero la situación no parece haber cambiado o, al menos, no lo ha hecho más que en lo superficial: tenemos asociaciones, tenemos grupos de trabajo, pero, ¿acaso no se decide de la misma forma que antes?.

A ese cambio en las formas nos asíamos como desesperados náufragos. Le dimos una oportunidad al cambio, pero el cambio no nos la da a nosotros.

Los frentes abiertos no se han cerrado, ni visos de hacerlo, al tiempo que nuevos frentes se abren:

• La joya de la corona, la tan ansiada reforma de la Ley de Personal y con ella la unificación de las escalas no cuaja. Llevamos meses esperando el borrador que refleje las negociaciones de antes del verano en las que nos dejamos muchos pelos en la gatera. Pero ni está, ni se le espera
• Mientras, asistimos atónitos que, por parte de quien ni tiene representación asociativa, ni la precisan porque están por encima del bien y del mal, pergeñan una especie de manifiesto en el que se anhela que todo lo negociado se vuelva humo y sombras.


• En el terreno de lo palpable, peor. porque aparecen nuevas manifestaciones de que la unificación no es ni tan cercana, ni tan posible:
  
  
  • Un nuevo curso de oficiales, el de judicial, en el que sólo se admiten de alumnos a miembros de 2 escalas y, que no se llamen a engaño, los de la escala de oficiales admitidos lo serán sólo en el caso de que lo permitan los superiores.
  • En informática se ha producido un episodio memorable, pero,... eso necesitará de otra entrada para ser contado y otra más.
  • La falta de necesidad de regular la jornada laboral de los oficiales, porque han de estar siempre disponibles. Por supuesto eso lo dicen quienes saben que el fin de semana es sagrado, se para la guerra y no se trabaja.
  • El espinoso debate que se va a producir sobre el Complemento específico singular.
  • etc., etc. Los iremos desgranando a medida que vayan teniendo actualidad.